A tres años de la muerte de Alberto Nisman, honramos su memoria y valiente legado, y pedimos justicia. Porque la falta de justicia no es sólo una deuda pendiente con los familiares de las víctimas del atentado a la embajada de Israel, de la AMIA, o del fiscal especial Nisman. La deuda es con la sociedad argentina en su conjunto. La impunidad es un mal que corroe la democracia y el Estado de Derecho, y afecta a todos.

La noticia de la muerte del fiscal, ocurrida entre el 17 y el 18 de enero de 2015, recorrió el mundo: por la gravedad de lo ocurrido y por la relevancia que la labor de Nisman, amigo del Comité Judío Estadounidense (AJC), había alcanzado a nivel internacional. Fue él quien probó la participación de altos funcionarios de Irán, más los miembros de la organización terrorista Hezbolá, en la ejecución del atentado a la AMIA, el peor atentado terrorista islámico en la historia de América Latina, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Y fue Nisman el que persuadió a Interpol para que impusiera alertas rojas sobre los imputados.

Nisman fue asesinado horas antes de tener que comparecer ante el Congreso para ampliar su denuncia por encubrimiento contra la expresidenta Cristina Kirchner, su canciller y colaboradores. Las circunstancias de su muerte y la identidad de los autores siguen siendo un misterio.

Hoy, como hace tres años, como hace 23 años luego del atentado a la AMIA, y 25 desde el atentado la embajada de Israel, AJC renueva su clamor permanente de que se llegue a la verdad. Una verdad que hasta el momento ha sido esquiva y que pone en entredicho el perfil de Argentina como una nación respetuosa de la ley y la justicia.

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